10 Sep Okupas, desahucios y falsedades varias…

Paloma A. González Loché

¡Impresionante y absurdo! A nadie puede sorprender que proliferen las okupaciones cuando miembros del propio gobierno propician el que los asaltantes puedan darse de alta en organismos oficiales como habitantes legítimos (en consecuencia) de tales viviendas por intereses espurios y nada humanitarios ¡para obtención de votos! Ni más ni menos. ¿Podemos imaginar el mundo del futuro…? No es preciso ser vidente para imaginar lo que ha de suceder. Montesquieu era muy listo y ya entonces se las sabía todas.

¿Nuestros políticos? De aquí vienen las leyes demenciales e incoherentes. Es evidente su débil cualificación cuando hemos de pagar en paralelo a decenas de asesores.

En un mundo inteligente, civilizado y en situaciones de conflicto, los gobiernos contratan a especialistas: a los mejores y sin mirar color cuando se requiera y no tenerlos de bolsillo en los gobiernos promoviendo el despilfarro permanente sin dar la menor cohesión a las normativas. Está claro que tales “favores” no salen de su bolsillo. Si fuera así, serían mucho más atinados o mucho menos despilfarradores.

La ocupación como consecuencia de un desahucio en el que queda, probablemente, una familia en desamparo exige otras medidas. La solución no es el asalto a la vivienda ajena sino la acomodación por parte del Estado en viviendas públicas existentes al efecto o estudiar numerosas medidas previas al desalojo, y en su día planteé algunas en cierto partido.

Estas familias han de estar protegidas, sobre todo si hay menores, pero siempre con carácter circunstancial; esto es: no prolongado en el tiempo y mientras dure la insuficiencia. Hay mucho que hablar de cada desahucio pero no es el caso ni me agrada alargar un artículo por ser más partidaria de brindar ideas concretas y claras en cada caso.

Lo inadmisible a todas luces es la “tranquilidad” de la Administración, cuando no el aliento a las ocupaciones —con “C”, para quitar el esnobismo de utilizar la K de “okupa”—. Una ocupación es un allanamiento de morada, un asalto a la propiedad ajena que no puede estar justificado y mucho menos alentado por parte de los gobiernos de turno.

Hemos visto, curiosa o hipócritamente, que cuando se ocuparon viviendas de miembros del gobierno o cargos de esos mismos partidos alentadores ¡esos mismos que se enfrentaban a la policía en casos de desahucios! llamaban de inmediato a las fuerzas de seguridad para que arrojasen a los intrusos…

De hecho los bienes: la propiedad en este caso, debe ser inmediatamente restituida e incluso con  penas por los daños y perjuicios producidos. ¿Pagamos tantísimo dinero para que aquellos que ostentan nuestra “representación” sigan sin elaborar una ley justa y dando vueltas a la noria?

Creo que la sociedad a la que sirven nuestros políticos ya se ha pronunciado y aquellos, a los que retribuimos con un generoso salario para resolver situaciones, no pueden convertirse en el auténtico problema por su inacción o velar exclusivamente por ciertos intereses. ¡Los suyos!