15 Mar La Justicia, el gran problema español

Por: Paloma A. González Loché
La Justicia, el gran problema español

El problema básico y fundamental es que, además de conocer todas las causas que se presenten en los juzgados en general, algunos Tribunales y Fiscalías tienen una misión fundamental: el control del Gobierno.

En la primera cuestión se encuentra la evidente carencia de dotación de medios que provoca juicios interminables en el tiempo, lo que ya implica una injusticia e inseguridad evidente. Todo juicio se debe producir en un plazo máximo de un año siempre que su complicación haga inviable otra situación para la recolección de pruebas. Cualquier otra dilación irá siempre en perjuicio de la persona encausada, sea quien sea y esto es inadmisible.

La figura del aforado. El aforado no debe existir en un país en el cual uno de sus principios básicos es la IGUALDAD. Tuvo razón de ser en el pasado pues cualquier diputado podía ser encarcelado por expresar su opinión. Hoy no tiene sentido pues existe la libertad de expresión además —siempre que no se extralimite llegando al insulto o la calumnia—, como es natural. ¿Qué pasa con los aforados? Ahora entramos en el meollo de la cuestión: se sustraen a la justicia general para ser juzgados por el Tribunal Supremo directamente que hasta ahora, siempre ha fallado a favor de los encausados aunque hubiese más que indicios de culpabilidad en sus actuaciones. ¿Qué sucede?

Que el Tribunal Supremo, así como el resto de miembros de los Juzgados, Fiscalías y Tribunales e Instituciones de importancia capital para el control del Gobierno son votados directamente por los parlamentarios; como sería el Tribunal Constitucional, o el fundamental control a la Banca que correspondería al Tribunal de Cuentas, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Dirección Nacional de Seguros y Fondo de Pensiones dependiente del Ministerio de Economía. ¡Qué duda cabe que siempre elegirán aquellos que arrimen el ascua a cada sardina respectiva! Esto es una tremenda deslealtad con el pueblo soberano. Y esto explica las muchas negligencias que se han producido con la Banca y otros estamentos incluidos los mismos gobiernos.

Si realmente queremos que nuestro Estado sea de Derecho. El primer paso a dar es la supresión de aforados y que la elección de Fiscales y Jueces, especialmente en el caso de estos tribunales, se produzca por méritos y que la elección se haga entre ellos mismos. Sólo así podremos tener un acceso igualitario a la Justicia y la certeza de que no existirá ninguna filia ni fobia en su aplicación y, por supuesto, la mayor equidad.

Veo importante que exista una Reforma Constitucional en este sentido, así como a exigir la obligatoriedad del cumplimiento de los Programas a los gobiernos, alegando las razones que hubiere si tal incumplimiento deviniera imposible y con pena de prisión cuando no puedan justificarse por mediar engaño. Y esto es algo que ha de tomarse muy en serio. No basta que no reciban el voto en próximas elecciones, ha de tener otras consecuencias. Un programa es un contrato entre el gobierno y la ciudadanía y así debe contemplarse.